Si la persona condenada ya cumplió el tiempo para la libertad condicional.
Pide la libertad condicional, reúne los informes que exige el juzgado de ejecución y acompaña cada paso del trámite.

Si está en condiciones de acceder a salidas transitorias o a la semilibertad.
Las solicita y prepara un plan de egreso sólido: domicilio, trabajo o estudio y referentes familiares que la acompañen.

Si estudia o se capacita dentro de la unidad.
Hace valer el estímulo educativo (ley 24.660, art. 140), que reduce los plazos para avanzar en el régimen progresivo.

Si la detención pone en riesgo la salud o hay hijos o hijas a cargo.
Pide la prisión domiciliaria en los supuestos que prevé la ley (ley 24.660, art. 32; Código Penal, art. 10).

Si las condiciones de detención se agravan ilegítimamente.
Interpone hábeas corpus correctivo (ley 23.098, art. 3, inc. 2) para que se garanticen la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y el contacto con la familia.
 

Si recibe una sanción disciplinaria o una calificación de conducta injusta.
La impugna a tiempo: de la conducta y del concepto dependen las salidas, la libertad condicional y los demás beneficios.

Si hay varias condenas o el cómputo de la pena es incorrecto.
Revisa el cómputo y pide la unificación de penas cuando corresponde, para que no se cumpla un día más de lo debido.
 

Si se acerca el momento de recuperar la libertad.
Planifica la libertad asistida (ley 24.660, art. 54) y acompaña el regreso: reglas de conducta, trabajo, vivienda y vínculos familiares. 
 

Si la familia necesita saber qué hacer.
Le explica cómo funciona la ejecución de la pena, qué se puede pedir y cuándo, y la mantiene informada en cada etapa.